No hay duda de la dimensión de los efectos que la pandemia produjo sobre la economía del país y la apremiante necesidad que hay de acelerar la recuperación y la reactivación. Sin embargo, las medidas que se implementen para lograrlo deben ubicarse dentro de los límites de los arreglos institucionales de nuestra sociedad, en especial aquellos que nos permiten actuar de acuerdo con los grandes valores republicanos y de nuestra democracia.

Por ello, deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales.

Ahora bien, con el propósito de garantizar la buena ejecución de la inversión pública tan necesaria para reactivar la economía gravemente afectada por la pandemia, exhortamos al Gobierno Nacional a evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futuras ordinarias y/o excepcionales

Así las cosas, frente a la iniciativa del artículo incluido en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, que plantea cambiar de manera temporal el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías, los 29 gremios integrantes del Consejo Gremial Nacional expresan su profunda preocupación y consideran que el Gobierno y el Congreso deben revisar de manera minuciosa la constitucionalidad de la inclusión de este artículo en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, dado que se requiere una Ley Estatutaria para realizar la pretendida modificación, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 152.

Así mismo reiteran la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de garantías actual, y en tal sentido solicitan al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se elimine dicho artículo del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, para mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral.

Bogotá, septiembre 27 de 2021.