El Consejo Gremial Nacional, en nombre de los 30 gremios que lo conforman, presenta su posición frente a la inclusión del artículo 68 sobre injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos del Proyecto de Ley No. 369 de 2021/C – 341 de 2020/S. Consideramos que el artículo 68 constituye una violación al artículo 20 de la Constitución Política colombiana, toda vez que incita a la censura y desconoce el derecho que tienen las personas y los medios de comunicación de rectificar en condiciones de equidad y, a su vez, impone una barrera a que las personas de manera libre puedan denunciar cualquier irregularidad, y desnaturaliza los derechos que tiene la ciudadanía de ser veedores públicos.

La normatividad vigente en materia penal ya tipifica los delitos de injuria y calumnia en los artículos 220 y 221 de la Ley 599 del 2000. En ese sentido, no se estima conveniente la propuesta aprobada en último debate del referido Proyecto, que introduce medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, lo cual, además, no hace relación a temas de corrupción

Adicionalmente, resulta excesiva la pena que propone incluir el artículo ante la comisión de dichas conductas, puesto que la norma actual para cada uno de estos delitos prevé como pena principal prisión de 16 – 72 meses para la calumnia y 16 a 54 meses para la injuria, a diferencia del artículo propuesto, el cual establece una pena de 60 a 120 meses de prisión solo por el hecho de que el afectado sea un funcionario público o su familia.

De otra parte, el artículo propuesto elimina la posibilidad de que procedan los subrogados penales para dicha conducta, los cuales son medidas sustitutivas de la pena de prisión, que se conceden a individuos que han sido condenados, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador.

Con base en lo anterior, el Consejo Gremial Nacional no encuentra razonable la disposición votada en plenaria de Cámara, considera que puede utilizarse para afectar la libertad de expresión respecto al ejercicio de la función pública. Este artículo crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar, y de difundir la realidad actual por la que atraviesa el país.

Bogotá, noviembre 10 de 2021.